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Envuelve abogado inició demanda contra Ege Haina y Ege Itabo
1 Septiembre 2012, 9:46 PM
Demanda Fonper deviene escándalo
La demanda incoada por el Fondo Patrimonial de las Empresas Capitalizadas (Fonper) en contra de sus socias, las empresas Ege Haina y Ege Itabo, a las que acusó de estafa, ha devenido en un escándalo al conocerse que la reclamación fue realizada por un abogado que tenía un contrato de “grado a grado” para esos fines, firmado por el anterior director de Fonper, José Izquierdo, sin el conocimiento del Consejo de Directores y por el cual ese abogado cobraría 500 millones de pesos.
El Nacional obtuvo copia de la instancia elevada por el actual director general del Fonper y de la Comisión de Reforma de las Empresas Públicas (CREP), licenciado Fernando Rosa, en la cual solicita a la Dirección de Contratación, la suspensión de los dos contratos firmados por Izquierdo con el abogado Edward Veras Vargas, “hasta tanto se culmine el proceso de investigación y se adopte la decisión de anulación que se solicita”.
De acuerdo con el documento, “ni el consejo de directores del Fonper, ni la Consultoría Jurídica de la institución tenían conocimiento de las acciones judiciales incoadas contra las sociedades Ege Haina y Ege Itabo, ni tampoco de la contratación de esos abogados”.
Rosa fue nombrado presidente del Fonper el 17 de agosto, tomó posesión el 22, y el 23 se enteró del asunto, cuando el abogado Veras Vargas le envió un correo electrónico con copia de los dos contratos, suscritos el 26 de febrero pasado y registrados por ante el Registro Civil y Conservaduría de Hipoteca de Santo Domingo, el 5 de julio.
Ese mismo día 23 de agosto, tras recibir los contratos por correo electrónico, el Consejo de Directores de Fonper, del que forman parte, además de Rosa y un vicepresidente, representantes de los ministerios de Hacienda y Economía, la CDEEE, Corde, Corphohotels, CEA, Conep y las centrales sindicales, iniciaron un proceso de investigación para verificar si se cumplieron las normas establecidas para la contratación de servicios judiciales.
Las investigaciones preliminares evidenciaron que el abogado Veras Vargas había sido contratado por el licenciado Izquierdo de “grado a grado”, sin un proceso de licitación, “con el propósito de interponer reclamos, acciones judiciales o extrajudiciales en nombre del Fonper y en contra de los accionistas privados, administradores o exadministradores de las sociedades comerciales Ege Haina y Ege Itabo, a los fines de recuperar cualquier suma de dinero que considere le corresponde, así como el reclamo de indemnizaciones”.
De acuerdo con la instancia del Fonper, los valores involucrados en la contratación del licenciado Veras Vargas “superan los 500 millones de pesos”, debido a una escala progresiva acumulativa porcentual convenida para el pago de honorarios.
Además el licenciado Veras Vargas quedaba protegido en caso de revocación del contrato en forma unilateral por parte del Fonper con una suma equivalente a un 10 por ciento de la suma reclamada, que en el caso de Ege Itabo era de tres mil 500 millones de pesos, por lo que recibiría 350 millones de pesos y en el caso de Ege Haina, que el reclamo era de mil 413 millones de pesos, recibiría un 15 por ciento, o sea, 211 millones de pesos.
El Fonper, en su investigación estableció que la ley establece que por contrato por esos montos debió hacerse una licitación para la contratación de la firma de abogados, pero se hizo de grado a grado, “prescindiéndose total y absolutamente del procedimiento legal”.
El documento establece que “si bien los ‘contratos’ fueron suscritos por el expresidente del Fonper, quien en ese momento ostentaba la representación legal de la institución, no menos cierto es que las decisiones relativas a la fiscalización y supervisión de la participación accionaria del Estado, las que comprometen el patrimonio de la institución y las relativas a las contrataciones regidas por la Ley 340-06, son adoptadas o delegadas expresamente por su consejo de directores”.
En el documento se aclara que el consejo de directores nunca autorizó a Izquierdo “a contratar ese abogado, ni ninguna firma de abogados, lo que evidencia una desviación de poder, la cual es sancionada por el Derecho Administrativo”.
La instancia dice que en el caso del abogado Veras Vargas “además de los vicios señalados, se han violado todos los principios generales que la propia ley exige, en especial el principio de eficiencia y participación, porque la contratación se hizo directamente, sin que fueran recibidas otras propuestas de firmas de abogados con la especialidad y la experiencia requeridas”.
“El hecho de que se le otorgara un poder tan amplio a este abogado para que subcontratara o para que las acciones se ejercieran a través de otros abogados, como en los hechos ha ocurrido, es una prueba más de que en el proceso de contratación de grado a grado se violaron los principios señalados y no se tomó en cuenta si se reunían las condiciones requeridas y si existía un informe legal de la Consultoría Jurídica de la institución”, dice el documento.
Al respecto indica que las demandas realizadas por el licenciado Veras Vargas fueron realizadas a través de la firma de abogados del doctor Angel Delgado Malagón, “quien no suscribe ni forma parte de los “contratos”.
UN APUNTE
500 millones
Por los contratos firmados con el Fondo Patrimonial de las Empresas Capitalizadas (Fonper) el abogado Edward Veras Vargas cobraría 500 millones de pesos de acuerdo a una escala de aplicación de los valores por sus servicios.
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